Imbabura está considerada como parte la ruta del tráfico ilegal de personas. Así lo revela un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), elaborado en Ibarra, Otavalo y Cotacachi. La investigación señala que en estos dos últimos cantones se detectaron casos de explotación laboral. Mientras que en Ibarra hay explotación sexual. Pero lo que más preocupa, comenta María Isabel Moncayo, investigadora de la Flacso, es el alto nivel de impunidad que existe. En marzo del 2011, por ejemplo, 60 mujeres fueron rescatadas de cuatro clubes nocturnos de Ibarra. Una extranjera denunció ante las autoridades que permanecía retenida y era obligada a ejercer la prostitución. El operativo, en el que participaron 200 policías y fiscales, fue organizado en Quito. Según Moncayo, eso fue necesario porque cuando se planifica en Imbabura se filtra la información y se esconden a las víctimas.
“Hay corrupción entre los funcionarios”. Además, ninguna de las siete denuncias presentadas, entre el 2008 y el 2011, por explotación sexual recibió sentencia, dice la investigadora. Ahí se incluye el caso de los clubes nocturnos de Ibarra, en donde se detuvo a dos presuntos involucrados en el tráfico de personas. Según denuncias, estos movilizaban desde Colombia a mujeres bajo la oferta de un trabajo digno y bien remunerado. Un agente fiscal, que pidió omitir su nombre, aseguró que la mayoría de denuncias es desestimada por falta de colaboración de las afectadas.
En el último caso, la víctima de 20 años desapareció, por lo que este caso fue archivado, debido a la falta de acusación. Esa incursión policial fue parte de una investigación, que se inició dos años antes para ubicar una red internacional, que recluta, transporta y acoge a mujeres extranjeras para explotarlas”. Según Rogelio Bernal, director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad que apoyó la investigación, Ibarra es un lugar de tránsito y destino de víctimas de explotación sexual. “Este delito afecta a mujeres adolescentes y adultas de Colombia y Ecuador”. Bernal asegura que en el caso colombiano, a las afectadas se les contacta en ciudades como Armenia, Cali y Medellín.
Desde esas urbes son trasladadas a las ciudades de Pasto o Ipiales para cruzar la frontera. Una vez en Ecuador, los tratantes instalan a las mujeres en centro nocturnos de Tulcán e Ibarra. Luego son movilizadas a otras urbes. La modalidad de trata que afecta a los cantones Otavalo y Cotacachi está vinculada a la explotación laboral en el exterior. Entre 2008 y 2011 se presentaron 22 denuncias sobre este delito. Para Soledad Coloma, investigadora de la Flacso, los afectados por este tema en su mayoría son niños y adolescentes indígenas. “Provienen generalmente de hogares con padres separados y de comunidades pobres y alejadas”.
Se presume que los menores salen de comunidades como La Compañía, Huiacopungo, Tocagón, vecinas del lago San Pablo. En Cotacachi, en cambio, salen de las comunas El Cercado, La Calera y del valle de Íntag. Los reclutadores son familiares o personas cercanas a las víctimas, explica Coloma. “En muchos casos, los padres entregan la autorización de salida del país”. Entre los destinos están Bogotá y Cali (Colombia), Sao Paulo (Brasil) y Chile. Pero hay casos de niños que han sido trasladados a Bélgica, España y Suiza (ver infografía). Allá trabajan elaborando o vendiendo artesanías, en labores domésticas o cuidando niños. Según Coloma, hay casos que son llevados con engaños o amenazas. Pero la investigación y sanción de la trata tiene dificultades en los dos cantones. “El delito en las poblaciones afectadas está naturalizado, por lo que no se denuncia. Eso solo sucede si los padres no recibe el pago acordado”.
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